Derechos Sexuales

Ley Nº 17.817 LUCHA CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA DISCRIMINACIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:

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Artículo 1º.- Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 3º.- Créase la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.

Artículo 4º.- Dicha Comisión tendrá por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación positiva.

Artículo 5º.- A esos efectos, será asimismo competencia de la Comisión Honoraria:

A) Analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaborar informes y propuestas con respecto a dichos temas, y plantear al Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas o modificación de las ya existentes en su área de competencia.

B) Difundir los principios contenidos en el literal J), del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 10.279, de 19 de noviembre de 1942, y en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal, normas concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios y propuestas que formule y promueva.

C) Monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia.

D) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias y en el respeto a la diversidad.

E) Elaborar una serie de estándares que permitan presumir alguna forma de discriminación, sin que ello implique un prejuzgamiento sobre los hechos resultantes en cada caso.

F) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el derecho internacional y extranjero en materia de racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación; estudiar esos materiales y elaborar informes comparativos de los mismos.

G) Recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias; llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiere.

H) Recopilar la documentación vinculada a sus diferentes objetivos.

I) Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas, xenofóbicas y discriminatorias.

J) Proporcionar al Ministerio Público y a los Tribunales Judiciales el asesoramiento técnico especializado que fuere requerido por estos en los asuntos referidos a la temática de su competencia.

K) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias o que pudieren manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades públicas o entidades o personas privadas.

L) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente instituto; intercambiando especialmente la información relativa a las conexiones internacionales entre los distintos grupos.

M) Proponer al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición.

N) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el más eficaz cumplimiento de los cometidos asignados.

O) Promover la realización de estudios, concursos e investigaciones relacionadas con sus competencias.

P) Discernir un premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 6º.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación estará integrada por siete miembros designados de la siguiente manera:

A) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá.

B) Un representante del Ministerio del Interior.

C) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

D) Un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

E) Tres representantes designados por el Presidente de la República, entre las personas propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 7º.- La Comisión podrá crear Comisiones departamentales y locales que funcionarán conforme a las normas reglamentarias que dictará la propia Comisión Honoraria.

Artículo 8º.- Los integrantes de la Comisión Honoraria durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. En caso de sustitución, permanecerán en sus funciones hasta que asuma el sustituto, excepto en caso de incapacidad o renuncia.

Artículo 9º.- El Ministerio de Educación y Cultura suministrará la infraestructura y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Honoraria, de acuerdo a la organización que establezca el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario.

Artículo 10.- Asimismo, constituirán recursos de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y en la forma dispuesta por las normas pertinentes se destinarán exclusivamente para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, los siguientes:

A) Los recursos provenientes de aportes internacionales que el Estado le autorice.

B) Los recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales.

C) Las herencias, legados y donaciones que se realicen a favor de la institución y que sean aceptados por el Poder Ejecutivo.

D) Todo tipo de aporte o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas, incluyendo colectas públicas.

E) Bienes que le asignen por ley.

F) Frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte días contados desde el día siguiente al de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de agosto de 2004.

ALEJANDRO ATCHUGARRY,
Presidente.
Mario Farachio,
Secretario.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD
Montevideo, 6 de setiembre de 2004.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

BATLLE.
LEONARDO GUZMÁN.
DANIEL BORRELLI.
DIDIER OPERTTI.
ISAAC ALFIE.
YAMANDÚ FAU.
GABRIEL GURMÉNDEZ.
JOSÉ VILLAR.
SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO.
CONRADO BONILLA.
MARTÍN AGUIRREZABALA.
JUAN BORDABERRY.
SAÚL IRURETA.

FUENTE: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17817&Anchor;=

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS SEXUALES

Declaración del 13º Congreso Mundial de Sexología realizado en Valencia España en 1997. Revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología realizado en Hong Kong.

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.

La sexualidad es construida a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico.

Para asegurarnos que los seres humanos de las sociedades desarrollen una sexualidad saludable, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades de todas las maneras. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales:

1-DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL: La libertad sexual abarca la posibilidad de los individuos de expresar su potencial sexual. Sin embargo, esto excluye todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida.

2-DERECHO A LA AUTONOMÍA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD SEXUALES DEL CUERPO: Este derecho involucra la habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual de uno dentro de un contexto de la propia ética personal y social. También incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de torturas, mutilación y violencia de cualquier tipo.

3-DERECHO A LA PRIVACIDAD SEXUAL: Este involucra el derecho a tomar decisiones individuales y conductas sobre la intimidad siempre que ellas no interfieran en los derechos sexuales de otros.

4-DERECHO A LA EQUIDAD SEXUAL: Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o invalidez física o emocional.

5-DERECHO AL PLACER SEXUAL: El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.

6-DERECHO A LA EXPRESIÓN SEXUAL EMOCIONAL: La expresión sexual es más que el placer erótico en los actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor.

7-DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN SEXUAL: Significa la posibilidad de casarse o no, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales.

8-DERECHO A LA TOMA DE DECISIONES REPRODUCTIVAS LIBRES Y RESPONSABLES: Esto abarca el derecho para decidir sobre tener niños o no, el número y el tiempo entre cada uno, y el derecho al acceso a los métodos de regulación de la fertilidad.

9-DERECHO A INFORMACIÓN BASADA EN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: La información sexual debe ser generada a través de un proceso científico y ético, y difundido en formas apropiadas en todos los niveles sociales.

10- DERECHO A LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: Este es un proceso que dura toda la vida, desde el nacimiento, y debería involucrar a todas las instituciones sociales.

11- DERECHO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL: El cuidado de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y desórdenes sexuales.

LOS DERECHOS SEXUALES SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y UNIVERSALES

 

MODIFICACIÓN DEL ART. 149 DEL CODIGO PENALSANCIONANDO LA DISCRIMINACIÓN POR RAZON DE ORIENTACIÓN SEXUAL

Declaración del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) – Oficina Uruguay, a propósito de declaraciones públicas del Arzobispo de Montevideo

El 9 de julio de 2003, el parlamento uruguayo cumplió con el mandato ciudadano, expidiendo una ley que protege todos los derechos individuales, garantizando el ejercicio del derecho de igualdad (arts. 8 y 85 de la Constitución de la República), garantizando la paz pública, al aprobar tutelar el derecho a la libre orientación sexual. Esta postura del Parlamento no hace mas que colocar a nuestro país a la altura de sus compromisos internacionales de eliminar toda forma de discriminación basada en la religión, raza, sexo, etc.; en otras palabras tutela los derechos de las minorías constituidas por homosexuales y lesbianas.

Del mismo modo que tutela y protege en el art. 149 bis del Código Penal las minorías étnicas, religiosas o razas, sancionado a quienes inciten al odio o desprecio contra las mismas o cometan actos violentos contra otras personas por tales diferencias.

La discriminación basada en cualquiera de esos valores, intrínsecos a la dignidad de la persona, ya lo enseñó la historia, derivó en el genocidio que llevaran adelante los nazis y para que no olvidemos, lo recrean grupos neonazis, que entre sus víctimas o expulsados violentamente de la sociedad y despojados de sus derechos y la vida, incluye a los homosexuales.

Nuestro país se comprometió con los postulados recogidos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación por raza, y obviamente, en la religión, orientación sexual o sexo, es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y nada en la práctica, permite justificar en ninguna parte la discriminación, condenando el apartheid y la segregación racial.

Las declaraciones del Sr. Arzobispo de Montevideo, Monseñor Cotugno, menoscabando a los homosexuales, por el solo hecho de serlo, catalogándolos como una aberración o enfermos contagiosos, promueve una conducta discriminatoria que legitima desde la máxima autoridad de la Iglesia en nuestro país, el rechazo y el desprecio a aquellos.

Las manifestaciones del Sr. Arzobispo, tendientes a fragmentar la construcción de un Estado laico, en el que todas y todos tenemos cabida y derechos, tan solo unos días más tarde ya en vigencia la ley que mencionamos, habría permitido someter su conducta a la decisión de los jueces.

Montevideo, 4 de setiembre 2003

 

UNIÓN CONCUBINARIA

R e g u l a c i ó n

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PROYECTO DE LEY

URUGUAY

Artículo 1º.- Se denomina unión concubinaria a la situación de hecho derivada de la convivencia de dos personas no unidas por matrimonio, cualquiera sea su sexo, identidad u opción sexual, que compartan un proyecto de vida común basado en relaciones afectivas de carácter singular y dotadas de estabilidad y permanencia.

CAPÍTULO I

RELACIONES PERSONALES

Artículo 2º.- Los concubinos se deben asistencia recíproca. Asimismo, están obligados a contribuir a los gastos del hogar de acuerdo a su respectiva situación económica.

Artículo 3º.- En el caso de las uniones de personas de diferente sexo, además de la obligación establecida en el artículo anterior, deberán contribuir a la educación y manutención de sus hijos, estén o no reconocidos.

Artículo 4º.- En caso de disolución de la unión concubinaria, ambos concubinos tienen la obligación recíproca de servirse una pensión alimenticia adecuada a su digna sustentación, que se prolongará por un lapso de igual duración a la del concubinato. Este derecho nace a partir de dos años de vida en común, y cesará en caso de que el alimentario contraiga matrimonio o constituya una nueva unión concubinaria.

No tendrá derecho a alimentos aquel de los concubinos que haya participado en delito contra el otro, o hubiese ejercido violencia doméstica en los términos de la Ley Nº 17.514, de 2 de julio de 2002.

Artículo 5º.- En caso de disolución de la unión concubinaria, la resolución acerca de cuál de los dos permanecerá en el hogar común, y a falta de acuerdo entre las partes, será resuelta por el Juez competente.

Artículo 6º.- El concubino que sea titular de un bien inmueble adquirido con anterioridad al inicio de la vida en común prolongada durante un plazo mínimo de dos años, que hubiere sido el asiento del hogar concubinario, podrá demandar el desalojo al otro concubino.

El plazo de desalojo será de un año y el procedimiento el fijado por el Código General del Proceso.

No podrá hacerse efectivo el lanzamiento contra el concubino que tuviere hijos comunes menores de edad a su cargo, hasta que no se resuelva lo relativo a la vivienda de tales hijos.

Artículo 7º.- Fuera de la situación comprendida en el artículo anterior, el concubino será considerado precario, a los efectos del desalojo.

Artículo 8º.- Sustitúyese el actual texto del inciso primero del artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.471, de 14 de noviembre de l983, por el siguiente:

«El contrato de arrendamiento y los derechos que otorgan al arrendatario de casa habitación las leyes vigentes, benefician por su orden a su cónyuge o ex cónyuge en caso de divorcio, conviviente o ex conviviente en caso de cese de la relación, a los ascendientes o descendientes en primer grado, hijos adoptivos o colaterales en segundo grado, cuando hayan convivido con el arrendatario desde la celebración del contrato o hayan sido denunciados al contratar o durante todo el año inmediato anterior a la desvinculación del arrendatario. No regirán estas exigencias, tratándose del cónyuge o concubina o concubino».

CAPÍTULO II

SITUACIÓN DE LOS HIJOS NACIDOS DE LA UNIÓN CONCUBINARIA HETEROSEXUAL

Artículo 9º.- La obligación de alimentos hacia los hijos prevista en el artículo 3º subsiste luego de la separación de los concubinos.

Artículo 10.- Los concubinos de diferente sexo podrán proceder a una adopción conjunta siempre que reúnan los requisitos previstos en el Código Civil y tengan un plazo mínimo de tres años de convivencia singular y permanente.

En tal caso, el trámite de adopción se realizará ante el Tribunal competente.

Artículo 11.- La extensión de un concubinato previo, singular y estable del hombre y la mujer que luego contraen matrimonio entre sí, será tenido en cuenta a los efectos del cómputo del plazo exigido para el matrimonio por el artículo 1º de la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945.

CAPÍTULO III

EFECTOS PATRIMONIALES

Artículo 12.- Para que la unión concubinaria surta los efectos patrimoniales previstos por esta ley, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

A) Tres años de duración ininterrumpida de la unión concubinaria.

B) Concurrencia de ambos concubinos a denunciar la vida en común ante el Registro de Estado Civil, la que surtirá efectos a partir de la fecha de la inscripción.

Artículo 13.- Se presumen bienes comunes de ambos concubinos y provenientes de su esfuerzo común, aquéllos adquiridos a título oneroso derivados de negocios jurídicos celebrados a partir de la denuncia referida en el literal B) del artículo anterior.

Artículo 14.- Los bienes comunes serán administrados por quien los adquiera, requiriéndose el consentimiento de ambos para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles, y de lo muebles cuyo valor sea superior a 500 UR (quinientas unidades reajustables).

Artículo 15.- Los acreedores de los concubinos pueden hacer efectivos sus créditos solamente contra su deudor.

Artículo 16.- Finalizada la unión concubinaria y satisfechas las deudas que cada conviviente tuviera con sus acreedores, el saldo excedente se repartirá por partes iguales entre los concubinos o sus herederos.

Artículo 17.- Si uno o ambos concubinos estuvieren unidos en matrimonio con terceras personas, los bienes referidos en el artículo 13 no tienen naturaleza ganancial.

Artículo 18.- Si uno o ambos concubinos estuvieren unidos en matrimonio con terceras personas, las deudas sociales derivadas del mismo no afectarán el reparto igualitario a que hace referencia el artículo 16.

Artículo 19.- Disuelto el concubinato por fallecimiento de uno de sus integrantes, el orden de llamamiento previsto en los artículos 1025 y siguientes del Código Civil se aplicará sobre los bienes comunes (artículo 13), con la diferencia de que la mención al cónyuge (artículo 1026 del Código Civil) se entienda referida al concubino sobreviviente.

Artículo 20.- En caso de fallecimiento de un concubino casado con tercero, su cónyuge no tendrá derechos sucesorios en los bienes obtenidos durante el concubinato.

Artículo 21.- Serán competentes para entender en lo referido al concubinato, los Jueces Letrados de Familia del último domicilio concubinario.

Artículo 22.- Créase junto a los restantes Libros de Estado Civil, uno especial referido al registro de las uniones concubinarias que será llevado por los Oficiales de Estado Civil y en donde se anotarán las uniones libres.

CAPÍTULO IV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 23.- Agrégase al artículo 127 del Código Civil, el siguiente inciso:

«La obligación de fidelidad mutua cesa, si los cónyuges no viven de consuno».

Artículo 24.- La relación concubinaria no obsta a los derechos derivados de la relación laboral entre los concubinos, siempre que se trate de trabajo desempeñado de manera permanente y subordinada. Se presume dicha relación, salvo prueba en contrario, cuando uno de los concubinos asume ante terceros la gestión y administración del negocio o empresa de que se trate.

Cuando uno de los concubinos haya sido contratado por un empleador pero las tareas sean desempeñadas por ambos miembros de la pareja, el empleador lo será de ambos si ha mediado de hecho su conformidad.

Artículo 25.- Agrégase al artículo 25 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el siguiente literal:

«E) Los concubinos.

En cuanto a las condiciones del derecho y término de la prestación, deberá aplicarse lo preceptuado en el artículo siguiente de esta ley para las personas viudas, en caso de fallecimiento de uno de los concubinos.

Asimismo deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo siguiente de esta ley, para las personas divorciadas en caso de disolución de la unión concubinaria».

Montevideo, 8 de octubre de 2003.

MARGARITA PERCOVICH
Representante por Montevideo

JORGE ORRICO
Representante por Montevideo

DAISY TOURNÉ
Representante por Montevideo

LUCÍA TOPOLANSKY
Representante por Montevideo

NORA CASTRO
Representante por Montevideo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es creciente el número de personas que, en el ejercicio de la libertad individual, constituyen unidades de relación afectivo-sexuales de carácter estable sin llegar a formalizarlas en un contrato matrimonial, bien porque no desean sujetarse a ese régimen, bien porque no tienen la posibilidad de casarse. La información censal disponible permite constatar importantes transformaciones en las modalidades de constitución familiar y un crecimiento sostenido de las uniones concubinarias en nuestro país. Asimismo, verifica que el número de hijos de las personas que se declaran en unión libre es más alto que en el de las casadas.

Estas uniones dan lugar a verdaderos núcleos familiares no sujetos actualmente a prácticamente ninguna regulación jurídica, más allá de que la jurisprudencia ha logrado mitigar el impacto del desconocimiento de los derechos de los más débiles, aplicando normas vigentes, en aquellos casos en los que el desamparo del derecho produce la judicialización de los conflictos.

No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones legales que discriminan negativamente los modelos de familia distintos al tradicional, basado en el matrimonio, desconociendo que el derecho a contraer matrimonio incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar distinto, sin que el ejercicio de ese derecho deba comportar un trato legal más desfavorable.

La necesidad de legislar sobre el particular ha dado lugar a diversas iniciativas en la presente y las pasadas Legislaturas. A vía de ejemplo cabe mencionar las propuestas de los Senadores Alba Roballo y Alberto Cid y las de los Diputados Díaz Maynard, Falero, Mieres, Posada y Michelini.

Ya en 1993, la Senadora Roballo señalaba en la exposición de motivos de su iniciativa sobre el particular que: «Hay que terminar con años y años de sacrificio, años de amor, años de convivencia, en los que han cuidado a un compañero en largas enfermedades y muerte y quedan sin este gran amparo de la pensión, en la soledad más difícil y amarga del fin de la vida».

A su vez, en el 2000, los legisladores Falero, Mieres, Posada y Michelini recordaban que la «norma propuesta está en consonancia con una buena parte de la legislación comparada y con la tendencia mundial que consiste en reconocer jurídicamente estas situaciones y proveer los beneficios consecuentes».

Similar constatación realiza el Diputado Díaz Maynard en la exposición de motivos de su iniciativa, cuando señala que «la casi totalidad de las legislaciones europeas y latinoamericanas contienen, desde hace muchos años, regulaciones directas del concubinato, en algunas incluso, con rango constitucional».

El artículo 40 de la Constitución establece que: «La familia es la base de nuestra sociedad» e impone al Estado la obligación de velar por su estabilidad moral y material. Dicho precepto constitucional no hace referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse como tal, consecuente con la realidad social actual.

La realidad social demanda el reconocimiento de que además del matrimonio, elemento tradicional para la configuración de un hogar, existen otros arreglos familiares informales pero con igual vinculación afectiva, económica, sexual, emocional, paternal y, hasta figurativamente parental. Consecuentemente se hace necesario que la ley recoja situaciones que son producto de las transformaciones sociales, y que permitan la aplicación del axioma constitucional, reconociéndose otros modelos de arreglos familiares como es la unión concubinaria.

Sin embargo este reconocimiento de la Carta no ha sido comprendido en toda su dimensión y todavía, doctrina y jurisprudencia, las más de las veces, siguen una concepción restrictiva del concepto de familia. La restricción interpretativa del postulado constitucional al matrimonio como única vía de la formación de una familia, produce el desconocimiento de reales familias en nuestra sociedad que se encuentran en el total desamparo o que la jurisprudencia debe componer recurriendo a otros institutos como la sociedad de hecho o el enriquecimiento indebido, como forma de administrar justicia. Desatender el hecho social para dar prevalencia al aspecto formal del matrimonio, es desconocer el precepto constitucional y la evolución cultural de nuestra sociedad.

La presente ley pretende contribuir y avanzar hacia la superación de todas las discriminaciones que -por razón de la condición o circunstancias personales o sociales de los componentes de la familia, entendida en la diversidad de formas de expresar la afectividad y la sexualidad admitidas culturalmente en nuestro entorno social- perduran en la legislación, y busca perfeccionar el desarrollo normativo de los principios de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protección jurídica de las familias, adecuando la normativa a la realidad social del momento histórico actual.

Montevideo, 8 de octubre de 2003.

MARGARITA PERCOVICH
Representante por Montevideo

JORGE ORRICO
Representante por Montevideo

DAISY TOURNÉ
Representante por Montevideo

LUCÍA TOPOLANSKY
Representante por Montevideo

NORA CASTRO
Representante por Montevideo

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN – UNIÓN CONCUBINARIA

(10 de diciembre de 2003)

(Participan representantes del Grupo Diversidad, del Grupo LGTTB de Amnistía Internacional Uruguay, de la Asociación de Lesbianas Uruguayas, de la Biblioteca GLTTIB uruguaya, del Centro de Investigación y Estudios Intersexuales, de Hermanas de la Perpetua Indulgencia, del Grupo de Docentes LGTTB, del Encuentro Ecuménico para la Liberación de las Minorías Sexuales, de la Diaconía Cristiana en la Diversidad, de Padres, Madres, Familiares y Amigos/as de LGTTIB y de Shalom Amigos)

SEÑORA PERCOVICH.- La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración tiene mucho gusto de recibir a las señoras Diana Mines, Alba Etcheverry, Anaides Bueno, María Cristina Gamarra, Nancy Secco, Laura Ferrari, al doctor Dante Olivera y a los señores Fernando Frontán, Ricardo Rodríguez, Luis Alberto Berruzzi, Walter Loriente, Juan Manuel Núñez, Andrés Girona, y Gabriel Budez, pertenecientes a una serie de organizaciones coordinadas por Aministía Internacional, con motivo del tratamiento de los proyectos sobre uniones concubinarias que están en discusión en este ámbito. Estas organizaciones nos solicitaron participar a fin de darnos su opinión al respecto.

SEÑOR FRONTÁN.- Pertenezco al Encuentro Ecuménico para la Liberación de las Minorías Sexuales.

Entendemos que la presencia de la diversidad sexual es un tema que nuestra sociedad recién está asumiendo como propio; no se trata de que antes no existiera, sino de que recién está siendo asumido. Entendemos que el abordaje de este asunto, que es una realidad que se está visibilizando cada día más en la sociedad uruguaya, debe estar acompañado, previo a nuestro discurso, de algunos testimonios. Por eso los activistas no hemos venido solos, sino que han venido con nosotros nuestros padres y han venido padres y madres gays con sus hijos.

De manera que, en primer lugar, quisiera presentar esos testimonios vivenciales que de alguna manera van a sustentar la argumentación que tenemos frente a este proyecto.

SEÑORA SECCO.- Soy la madre de una chica lesbiana. Tengo dos hijos: una es lesbiana y el otro heterosexual. Considero que mis dos hijos tienen iguales derechos en esta sociedad. Así como mi hija lesbiana tiene derecho a votar, también debería tener el resto de los derechos. Por eso estamos aquí: para luchar por la igualdad de derechos para las lesbianas, gays y heterosexuales.

SEÑORA GAMARRA.- Soy madre de tres hijos, dos de ellos heterosexuales y uno gay, Andrés, quien está a mi lado. Los tres tienen conformados sus hogares. Andrés, que es gay, tiene conformado su hogar al igual que sus hermanos; tiene los mismos problemas y atraviesa por iguales circunstancias que el resto de las personas. No escapan a nada de esto por ser homosexuales.

Como madre, lo que pido es que tengan ante la sociedad y, principalmente, ante las leyes los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, que exista una igualdad de derechos, que hasta el momento no existe. Si bien son ciudadanos para una cantidad de cosas, no lo son para otras tantas. Tienen sus trabajos, pero son mal mirados, lo que no debería ser así. Una vez que uno se interioriza de su situación y convive con ellos se da cuenta de que pueden enseñarnos mucho, sobre todo el gran amor que existe entre todos ellos. Hay que mirarlos de otra manera y abrir un poco más las mentes.

SEÑORA FERRARI.- Espero poder hablar tranquilamente porque, a diferencia de las demás personas, nosotros tenemos que hablar de nuestras intimidades.

Soy bisexual. Tuve pareja hombre durante unos cuantos años. No pudimos tener hijos. Luego me separé. Yo quería tener un hijo; sentía que tenía mucho para darle, pero no tenía pareja. Decidí tener a mi hija, que está a mi lado. Sentía que en ese momento estaba sólida psicológica y económicamente, y la tuve, con el apoyo de amigos y familiares.

Integro el Grupo Diversidad y estoy luchando para que en el momento en que yo tenga una pareja estable, si es con una mujer, pueda tener los mismos derechos que los demás ciudadanos con respecto a mi hija y a mí misma.

Cuando veníamos hacia aquí con Diana, en el auto, yo le contaba que trabajé en el INAME como educadora. En un hogar de varones conocí a un alumno varón; en ese momento la asistente estaba intentando que su padre lo apoyara, ya que nunca había estado con él. El padre tenía familia, pero estaba totalmente ausente. En una charla que tuve, como educadora, con este alumno, él me decía que no tenía ningún interés en el padre, que no lo quería, y que no le interesaba lo que estaban haciendo. Me decía que a él lo había criado una pareja de gays, a quienes quería muchísimo, que se había criado muy bien con ellos, porque le habían dado mucho cariño, y que para él ellos eran sus padres. En ese momento, con la cabeza típica de nuestra sociedad, intenté convencerlo de lo contrario. Después, a solas, me di cuenta de que él tenía razón y de que había que respetar sus sentimientos. Por eso luego le dije que me había enseñado cosas y que yo creía que él tenía razón.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Soy la mamá de Walter Loriente. Estoy acá, como siempre, poniéndome al frente para ayudarlo. Esto me costó mi primer matrimonio, porque a los dos años lo querían poner en un asilo y yo no lo permití. Cuando tenía cinco años lo quisieron operar de la cabeza; tampoco lo permití. Y seguí luchando para que él saliera adelante. Desde hoy, está en sus manos lo que pueda pasar. Yo lo ayudo en lo que puedo, que ya es muy poco. Por suerte, él es un buen hijo; reconoce todo lo que luché por él.

SEÑORA BUENO.- Soy la madre de Juan Manuel. El tema es nuevo para mí, porque creo que realmente él creció bien, sin discriminación. Tengo otro hijo que es heterosexual. Entiendo que Juan Manuel nunca se sintió discriminado; es un hijo querido, al igual que el otro. A los dos les dimos las mismas cosas. Estoy muy orgullosa de mi hijo porque nosotros fuimos muy pobres, tuvimos que lucharla mucho y él nunca aflojó y es un profesional. Hoy ha decidido defender sus derechos y yo lo apoyo con toda mi alma, porque siempre tuve una postura de respeto ante todas las conductas, creencias y elecciones de las personas, porque primero está la persona. Entonces, no voy a ser incoherente ahora que mi hijo está militando por su causa y la de los que son como él. Lo apoyo en un ciento por ciento y estoy orgullosa de él.

Reitero que para mí este es un tema nuevo. Cuando tenía doce años, por mi intuición de madre, me di cuenta de lo que le pasaba a mi hijo y de que no sabía cómo encararlo en la familia. Yo no sabía cómo abordarlo, así que consulté con psicólogos y me dijeron que yo estaba bien encaminada, que no lo reprimiera, que lo dejara y que luego veríamos. Así me guíe para no reprimirlo y para no permitir que lo reprimieran los que estaban cerca de nosotros, por ejemplo, cuando se le ocurría jugar a las maestras o a algún otro juego de mujeres. Algunos integrantes de la familia lo miraban torcido, pero yo defendía su derecho a jugar como se le cantara. Pero también defendí los derechos de mi otro hijo, que es futbolero y medio reo. Para mí, mis hijos tenían los mismos derechos.

Entonces, ahora estoy apoyándolo con mucha fuerza. Reitero que me siento orgullosa de él, pero soy nueva en esta causa.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Soy casado, actualmente separado, y tengo dos hijos de dieciocho y diecisiete años. Tuve una pareja femenina durante veinte años de mi vida. Actualmente, y desde hace ocho años, tengo pareja masculina, totalmente estable.

Al igual que el resto de mis compañeros, estoy orgulloso de mi condición. Me considero un individuo totalmente normal. Trabajo desde muy temprana edad, cumplo con todos mis deberes cívicos y ciudadanos. Como dijeron las demás personas, me gustaría que mi futuro -ya tengo cuarenta y nueve años- pueda tener otro panorama y otra perspectiva. Me gustaría volver a tener un hogar, una familia, en este caso, con mi pareja, y quisiera también que los derechos fueran respetados a todo nivel. Así como con mi ex esposa teníamos, por ejemplo, bienes gananciales, quiero también tener el derecho, a una edad madura, a una vejez tranquila con mi pareja.

Habría mucho más para decir en torno a esto, pero no quiero ser demasiado extenso.

SEÑORA MINES.- Voy hablar por mi persona más adelante, pero quiero transmitirles dos testimonios de personas que hoy no pueden estar acá, aunque uno de ellos está muy cerca, aquí arriba, en el hall de acceso. Me refiero a uno de nuestros compañeros, Gabriel, que es gay e integra el Grupo Diversidad. Él estuvo casado y tuvo una hija, que ahora tiene nueve años. Esa niña es autista. Mientras Gabriel estuvo en pareja, hasta hace no mucho tiempo, la madre fue quien prácticamente hizo abandono de esta niña. Él se hizo cargo enteramente de ella. En este momento, se está logrando que la madre asuma cierta responsabilidad y esté a cargo de la niña determinado tiempo. La niña vino con él, está arriba, pero, por su cuadro psicológico, le dio mucho miedo bajar las escaleras y no pudo llegar hasta la sala. Gabriel, que tiene un amor muy grande y se hizo cargo de esta niña, como cualquier otro padre que asume la responsabilidad de una crianza con problemas mentales, hubiera querido dar su testimonio, pero se quedó con ella, consolándola.

El otro testimonio que tampoco puede estar hoy acá, es el de Ruben y Mario, dos amigos que viven en el interior. Son una pareja gay y uno de ellos adoptó a un niño cuando nació. El acuerdo fue hecho con la madre, que había decidido abortar. Cuando nació ese niño, fue entregado a este muchacho que primero inició la tenencia y luego obtuvo la adopción plena. El Juez era consciente de que este hombre vivía con una pareja estable varón. Ese niño cumplió hace poco tiempo siete años. Hace dos años, cuando viajé a la ciudad del interior donde viven, lo vi por última vez. Puedo asegurar que es uno de los niños más felices que he conocido en mi vida. Por motivos de trabajo no pudieron venir.

SEÑOR FRONTÁN.- Como introducción a la parte que me corresponde exponer -que queremos hacer en forma breve y concisa- agrego que a mi lado está mi pareja, Andrés, con quien tenemos cinco años de convivencia, y a su lado está Cristina, que es mi suegra, mi mamá querida. Ella nos ha acompañado durante todo este tiempo, viviendo los procesos que cualquier padre tiene que vivir ante la opresión que ejerce el prejuicio sobre todos nosotros.

Hemos venido a esta Comisión porque el proyecto de ley sobre unión concubinaria, a letra expresa, en su artículo 1° nos involucra como personas en el alcance de sus derechos a legislar. En la lectura del proyecto encontramos varias contradicciones que no son menores, ya que las mismas introducirían elementos discriminatorios, hasta el momento no especificados en las leyes uruguayas, mucho menos en la Constitución de nuestro país. El artículo 1° hace extensivo el proyecto de ley, indistintamente, para parejas del mismo sexo, como de sexo opuesto. Pero el artículo 3° restringe el alcance de un derecho fundamental, en la vida de una persona, como es el ejercicio de la paternidad o la maternidad, tanto natural como por adopción simple o legitimación adoptiva, en caso de un vínculo de matrimonio establecido. En este artículo se especifica que el alcance de este derecho es solo para parejas heterosexuales. Todos sabemos que no existe en la ley uruguaya una discriminación por orientación sexual. Es más, recientemente se ha aprobado una modificación en el artículo 149 del Código Penal para proteger de la incitación al odio y a la violencia a las personas, entre otras cosas, por su orientación sexual o su identidad de género. Es un artículo que protege a las personas por su vulnerabilidad de acuerdo con los grupos a los que puedan pertenecer dentro de la sociedad.

De aprobarse este proyecto se incluiría una contradicción que ni siquiera la Constitución de nuestro país ha establecido. Cuando en ella se menciona la discriminación, solamente se plantean los talentos y las virtudes y se hace de una manera que no es la de la acepción de privar de derechos a nadie.

Más allá de todo está de por medio la concepción de familia. Qué consideramos los uruguayos y las uruguayas cuando pensamos en familia, y no como una estructura ideológica que responda a determinados parámetros, según las visiones subjetivas o corporativas, sino de familia entendida como un núcleo de agrupamiento social en el que se cumplen determinados roles sociales como la contención afectiva, la comunidad de bienes, el mantenimiento económico de sus miembros, el aporte impositivo a nuestro país, etcétera. Y por supuesto que sus miembros tienen derecho a ejercer la paternidad y la maternidad como un rol social asignado por el Estado a la crianza y al cuidado de los niños. En nuestra Constitución la paternidad y la maternidad son un rol social. ¿Cómo llegamos a la paternidad? Ese es un tema médico, pero hoy la medicina y las formas de reproducción han superado la creatividad. La paternidad no está determinada por la biología ni por las formas de reproducción, sino por la actitud frente al hecho de cumplir con un rol que nuestra sociedad asigna a los ciudadanos de este país.

Hacemos nuestras las preguntas claves para esta discusión que es el punto más conflictivo de este proyecto y no por eso malo. Por el contrario, entendemos que es un debate que tenemos que darnos y esta es la oportunidad y el momento justo para hacerlo.

Nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, ¿los homosexuales están capacitados para ejercer la paternidad y la maternidad? Esta es una pregunta de la sociedad uruguaya, pero ¿hay respuesta para ella? En segundo término, ¿es legítimo reconocer el vínculo de parejas de personas del mismo sexo como una familia, ya no dentro del esquema patriarcal, pero sí como un hecho real de la sociedad que se expresa en una variedad infinita de formas de nucleamiento familiar? Basta con mencionar los porcentajes de familias monoparentales que existen en este país para darnos cuenta de que el modelo heteronormativo patriarcal no es el único que convive en nuestra sociedad.

Nosotros contestamos que hoy existe en nuestro país y en el mundo, una rica experiencia de ejercicio de la paternidad y la maternidad por parte de personas gay, lésbicas, travestis, transexuales y bisexuales. Sabemos que somos padres y madres y que nuestros hijos e hijas crecen como cualquier otro niño, al lado de todos los demás niños. Pero sí muchas veces ignorados o camuflados, como un instinto de supervivencia ante lo que pudiera ser el rechazo social. Nosotros nos sentimos familia en lo esencial de su estructura, en lo que hace a los vínculos y al compromiso con nuestro proyecto de vida.

Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del legislador ante esta realidad? ¿Debe juzgarla, reconocerla, ampararla o protegerla? ¿Cuál es la función del legislador? ¿El legislador conoce la realidad de nuestros vínculos así como se dan? ¿O los conoce a través de la información que le viene del prejuicio social? Es una pregunta que nos hacemos y que les hacemos a ustedes, por eso quisimos venir con testimonios. Muchas veces, la vida pasa por otros lados y no por lo que nosotros manejamos como imaginario acerca de los vínculos de personas del mismo sexo.

Cuando se habla de la adopción o tenencia de niños por parte de personas homosexuales, los políticos, los periodistas, los especialistas, todos ellos manejan el debate con opiniones a favor o en contra, pero sin considerar la realidad y los estudios que se han realizado en todo el mundo al respecto. Pareciera que sopesa mucho más el peso del prejuicio que la realidad estudiada y las conclusiones de las investigaciones profesionales. Muchas veces, la información que surge de estos estudios, se tergiversa y se sesga, según los intereses del prejuicio que se inspira en la subjetividad y en las cosmovisiones de algunos grupos dominantes de nuestra sociedad.

Cualquier debate sobre adopción de niños por parte de parejas homosexuales tendría que partir, según nuestro entendimiento, de tres premisas básicas, a menudo olvidadas o no mencionadas.

En primer lugar, las personas gay, lésbicas, travestis, transexuales y bisexuales podemos tener hijos naturales. Tenemos el deseo, la capacidad, la disposición y lo realizamos. Para reproducirnos no estamos motivados ni privados por nuestra orientación sexual, sino por la responsabilidad con el rol social de la paternidad y la maternidad. Ser gay, lesbiana, travesti, transexual o bisexual no significa ser estéril.

En segundo término, según la ley uruguaya ya podemos -y lo hacemos- adoptar dentro de la situación de adopción simple, como personas individuales sin complicaciones. De hecho, hay jurisprudencia en nuestro país, que lo certifica y basta con recurrir a ella. Es un derecho que no está en cuestión.

En tercer lugar, está el punto para mí más neurálgico: el interés del menor. A menudo el argumento para que las personas gay, lésbicas, travestis, transexuales o bisexuales no podamos adoptar es la opinión y la sugerencia en contra de los estudios científicos realizados que demuestran todo lo contrario al prejuicio. Inclusive, la jurisprudencia internacional lo confirma en su casuística. El interés del menor es, en este momento, el argumento que nosotros traemos para reclamar que se nos ampare en este derecho.

Me voy a tomar el atrevimiento de citar algunas sentencias de Tribunales de Apelaciones de otros Estados. Los Jueces norteamericanos han fallado mayoritariamente a favor de la solicitud de adopción, invocando el interés del menor. El interés del menor es que la ley proteja el vínculo afectivo creado. La ley tiene que velar para que a los niños se les inflija el menor dolor posible.

Estados Unidos permite la adopción en cuarenta y nueve Estados. Pero al no haber allí una legislación específica, la ley se ha ido gestando a fuerza de decisiones jurisprudenciales. Los Jueces se han basado para sus sentencias en informes psicológicos, considerando el seguimiento de los niños y las niñas en esos hogares y se ha hablado con los vecinos, parientes y maestros. En todos los casos las conclusiones favorables se han convertido en sentencias a favor de que los niños y las niñas permanezcan bajo la crianza de parejas del mismo sexo. Al contemplar estos testimonios y al revisar los estudios, no se ha encontrado ningún argumento objetivo para sentenciar lo contrario, o sea, que los niños no puedan ser criados en hogares constituidos por vínculos afectivos de personas del mismo sexo.

Voy a citar un párrafo del Tribunal de Apelaciones de Nueva York, del año 2000, que en una de sus extensas sentencias dice: Negar a los niños de padres del mismo sexo la seguridad que proporciona el reconocimiento de su relación con su segundo padre o madre no sirve al interés del Estado. Es sin duda en el mejor interés del menor y del Estado, facilitar las adopciones en estas circunstancias para que derechos legales y responsabilidades puedan ser determinados ahora y cualquier problema que surja después pueda ser resuelto en el marco de las leyes de familia. No estamos aquí para aprobar o desaprobar las relaciones que mantienen los demandantes. Denegar la protección legal a esta relación es inconsistente desde el punto de vista de la política de las leyes de este Estado.

Otra sentencia de este mismo Tribunal dice: Las ventajas que resultan de esta adopción -por parte de dos personas del mismo sexo en un vínculo- incluyen la seguridad social y todo tipo de beneficios sociales y de seguros en el caso de muerte o incapacidad del padre o la madre. Pero más importante que los beneficios económicos es la seguridad emocional de saber que, incluso en el caso de muerte del padre o la madre biológico, el otro padre o madre podrá asumir la custodia y que la relación del niño con sus padres, hermanos y otros parientes continuará incluso en el caso de que los padres se separen o mueran.

Cuando un niño es adoptado y pasa a convivir o a estar bajo la tenencia de padres homosexuales o madres lesbianas se generan vínculos porque hay familia; hay abuelos, tíos, primos, etcétera. Lo más interesante de todo esto lo decía una niña en un encuentro de familiares de gays y lesbianas. Ella es hija y nieta de una amiga y madre activista, y decía: «La ventaja es que yo tengo ocho abuelos, cuatro padres, muchos tíos y muchos primos». En el fondo, ¿de qué nos estaba hablando esta niña que yo cito aquí? De sumar afectos; eso era lo que ella reconocía. Si tuviéramos el testimonio de los dos muchachos de Mercedes nos sucedería lo mismo: nos conmocionaría ver a un niño que ha sumado afectos.

Por eso el tratamiento de la ley debe considerar la realidad social, de convivencia, de vida de gran parte de la sociedad uruguaya. No somos los homosexuales del imaginario a los que se les adjudica determinado estereotipo. No; somos varones y mujeres de carne y hueso, ciudadanos y ciudadanas con el mismo fervor patriótico que cualquier otro. Además, tenemos el profundo deseo y la tremenda convicción de que cuando decidimos adoptar a un niño, lo hacemos porque realmente lo queremos, no porque nos viene dado como una parte más de la secuencia social. A veces, puede suceder que para las personas heterosexuales tener un hijo sea parte del proceso de crecimiento humano. No digo que sea malo, pero es parte de ese crecimiento natural y uno no se lo cuestiona. Resulta que terminé el liceo, fui a la facultad, me recibí, trabajé, conseguí una novia, me casé, tuve hijos, los mandé a la escuela, y así se sigue.

Para nosotros, el llegar a la decisión de la paternidad o la maternidad, es un proceso de reflexión que por sobre todas las cosas tiene en cuenta el interés del menor. El interés del menor, de muchos niños y niñas uruguayos, es el de permanecer el menor tiempo posible en orfanatos, en el Instituto del Menor, caminando por la calle, tirando pelotitas o haciendo malabarismo en las esquinas. Ese interés del menor es el que nosotros, de alguna manera, también queremos proteger.

En un país que tiene índices de crecimiento de población tan bajos, no podemos darnos el lujo de venir con algunos pruritos -lo digo con muchísimo respeto- ideológicos o prejuiciosos para tener en cuenta cuáles son los núcleos que hacen a la familia en este país.

Existen estudios evolutivos sobre niños que son criados en hogares de padres homosexuales que se han comparados con otros realizados a niños que son criados en hogares de padres heterosexuales, con relación a temas como, por ejemplo, de orientación sexual, socialización y rendimiento escolar.

La conclusión de estos estudios consiste en que no existen diferencias entre estos niños criados en hogares de padres homosexuales y los que son criados por padres heterosexuales. Esta es una conclusión científica. Hay una observación en muchos de estos estudios: los niños criados en hogares de padres gay, lésbicos, travestis, transexuales, bisexuales tienen una disposición a comprender mucho más la diversidad y a no reproducir la discriminación si los comparamos con los otros niños que son criados en hogares heterosexuales, en donde este tema no es considerado con la gravedad social que tiene. Si hay una diferencia que nos favorece como padres y madres homosexuales con relación a los padres y madres heterosexuales es la que acabo de afirmar: la reflexión profunda que un padre homosexual hace cuando decide adoptar o buscar una fórmula alternativa para reproducirse. El problema no está en esa fórmula de reproducción; el interés está en hacerse responsable de una persona a quien acompañará en su proceso de crecimiento.

Esa es la pregunta clave. ¿Qué necesitamos para ser padres y madres en este país? ¿Cuál es la función más importante de un cuidadano cuando tiene que asumir la paternidad o la maternidad? La respuesta es simple: estar dispuesto a acompañar el crecimiento de un sujeto para que en nuestro país, cuando sea adulto, tenga todas las capacidades a fin de ejercer su libertad y su derecho como ciudadano. Les puedo garantizar que tanto padres heterosexuales como padres homosexuales estamos capacitados para realizarlo.

Dejaré en poder de la Comisión estos estudios para que los señores Diputados puedan confirmar mis palabras, porque yo puedo venir aquí, hacer un discurso demagogo y conmoverlos, pero no habrá un sustento científico detrás que avale mis enfáticas palabras.

En ese sentido, es justo decir que solo en Estados Unidos, en los últimos treinta años, han crecido más de seis millones de niños en hogares constituidos por padres del mismo sexo.

En el Reino Unido en el año 2000 hubo mil sentencias que consideraron la adopción en parejas del mismo sexo. En estas fórmulas, una situación puede ser la de un padre que tiene un hijo natural y su pareja reclama la adopción del niño. Otra situación puede ser la de dos padres que reclaman la adopción de un niño. No sé si esta es la fórmula de legitimación adoptiva según nuestra ley, pero sí es la fórmula de adopción simple. Eso ha sido concedido. En este momento, este es el debate en España y tan grave, serio y profundo es que el Parlamento europeo lo está tratando. Para que los señores Diputados sepan que no exagero, en este preciso momento -a la hora 15 y 30- en el Parlamento mexicano hay una delegación igual a esta, constituida por padres, gays, sus hijos, madres lesbianas, activistas, profesionales, reclamando el mismo derecho con una diferencia. El proyecto de unión civil en México está a punto de entrar en debate con una amplísima votación a favor. Acabo de hablar con el activista Luis Perma, quien coordina los grupos de activistas en México, coincidiendo en que las dos delegaciones estamos en los respectivos Parlamentos. Vamos a intercambiar las versiones taquigráficas de las reuniones para que nutran a los Parlamentos, ya que nuestros legisladores -tanto aquí como en México- tienen un gran desafío y discernimiento por delante.

En este momento, el reconocimiento de los derechos de paternidad y maternidad por parte de parejas del mismo sexo es un debate ineludible e importante. Los uruguayos ya estamos prontos para realizarlo, porque en este país, aunque no se quiera ver, aunque se oculte, aunque estén invisibles, existen núcleos familiares más allá de la fórmula reconocida por la ley. Esos núcleos familiares necesitan tener garantizados sus derechos. Mientras no hay problemas no se usa la ley, pero cuando hay problemas sí se la utiliza y los que patalean son los jueces. Basta con citar una sentencia de un homosexual que recientemente provocó tanto polvareda en el debate nacional al reclamar daño moral. Lean la sentencia del Juez y del Tribunal de Apelaciones y quedarán perplejos en cuanto a qué preparados están nuestros jueces sin tener un marco legal para interpretar el espíritu de la Constitución uruguaya y de las leyes uruguayas y sentenciar a favor de algo que es vital -yo no soy abogado; lo digo como ciudadano-: el Derecho debe proteger el hecho, la vida real.

Por último, quisiera citar algunos de los estudios que hacen que yo tenga este pensamiento que he trasmitido. Me refiero a: «Predictores de ajuste comportamental y psicosocial en niños: estudio comparativo con niños criados por padres heterosexuales» fue realizado por Kunin, Julie y Danielle para la California School of Profesional Psichology en San Diego, Estados Unidos, en el año 1998; «Madres Lesbianas: suposiciones psicosociales en derecho de familia» del psicólogo Flak fue realizado el 4 de junio de 1989 y presentado en el Reino Unido -las citas que he hecho están en las páginas 361 y 376 de este análisis-; «Niños de padres gays y lesbianas: resumen de información» de Fitzgerald, Marriage and Familiy Review fue realizado en el Reino Unido – -páginas 57 y 75-, y al estudio «Familias gays y lesbianas con hijos.- Implicaciones de la investigación desde las ciencias sociales en el diseño de políticas» fue publicado en el Journal of Social Issues en 1986. Me referí a las páginas 29 a 50.

Muchas gracias.

SEÑOR OLIVERA.- Soy médico psiquiatra, sexólogo clínico y dirijo un centro de investigación que forma parte de la coordinadora de grupos LGTTB.

El artículo 40 de la Constitución forma parte de la exposición de motivos y establece que la familia es la base de nuestra sociedad e impone al Estado la obligación de velar por su estabilidad moral y material. Dicho precepto no hace referencia a un modelo de familia determinado, predominante, lo que hace necesario una interpretación amplia de lo que debe entenderse como tal, consecuente con la realidad social actual. Este artículo establece una enorme cantidad de cosas, aunque no lo parezca y mucho de lo que se refiere fue dicho por el señor Frontán.

Quisiera referirme fundamentalmente a dos aspectos que se manejan comúnmente y es lógico que se vean de esa forma, dado que hay un desconocimiento muy importante de lo que es la comunidad gay-lésbica. Los integrantes de esta comunidad no son unos cientos ni unos miles de personas; son mucho más. Según estudios que se han llevado a cabo, se calcula que la gente que se reconoce gay-lésbica sería un 5% de la población. Hay muchos que evitan reconocerse como tal -lo cual ascendería el número de una manera muy importante-, aunque igualmente tienen una vida similar a aquellos que se reconocen. Por el hecho de que la mayoría no se haga visible, es lógico que los legisladores no conozcan realmente cómo viven. Esto hace que los prejuicios predominen, las creencias predominen y los mitos predominen cuando tienen que legislar. Es natural que sea así, porque no los conocen.

Quisiera leer un párrafo de un informe técnico de la Academia Norteamericana de Pediatría, que tiene que ver con la preocupación por el niño. Esto es muy importante, ya que está establecido expresamente. Este informe está contenido en Pediatría, Volumen 109, N° 3, Febrero 2002, páginas 339 a 340. Se trata de un Comité de Aspectos Psicosociales de Salud en el Niño y la Familia que elaboró un informe técnico sobre paternidad, maternidad o adopción compartida en parejas del mismo sexo. Dice lo siguiente: «Los niños y niñas nacidos o adoptados por un miembro de una pareja del mismo sexo merecen que se les asegure el reconocimiento legal de sus dos padres o madres. Por esta razón, la Academia Norteamericana de Pediatría respalda las iniciativas legislativas y legales que otorguen la posibilidad de adopción del niño o niña para el segundo padre o madre en este tipo de familias.- Los niños y niñas merecen sentir la seguridad de que ambos padres o madres son estables y legalmente reconocidos. Esto es aplicable a todos los niños, sean sus padres del mismo o de diferente sexo. La Academia Norteamericana de Pediatría reconoce que una cuantiosa literatura profesional aporta evidencia en el sentido de que aquellos niños o niñas cuyos padres o madres son homosexuales gozan de las misma ventajas y expectativas de salud, adaptación y desarrollo que aquellos o aquellas cuyos padres y madres son heterosexuales.- Cuando dos personas adultas participan en la crianza de un niño o niña, ellas y la criatura merecen la serenidad que proporciona el reconocimiento legal». Este trabajo continúa.

Al igual que el señor Frontán, dejaré algunos elementos de información para que puedan leer.

Lo otro que me interesa destacar es que se manejan mucho las teorías en ciencia y en medicina como si fueran diferentes para un mismo hecho. Esto se refiere específicamente a aquello que se llama el referente masculino y femenino de la familia heterosexual tradicional. En la ciencia y en la medicina, las teorías no se superponen. Para el mismo hecho, no hay dos teorías diferentes. Para poner un ejemplo diferente a este, si alguna persona hace una tomografía, otro colega podría hacer simplemente una palpación. Eso no significa que haya dos teorías que puedan actuar a la vez y que sus resultados sean creíbles desde el punto de vista científico. En realidad, las teorías en medicina se van superponiendo en el sentido de que utilizan aquello que es útil de la teoría anterior y agregan elementos nuevos de tal forma que nunca hay dos opiniones teóricas, sino una sola opinión teórica que se va perfeccionando en el tiempo.

Brevemente, debo decir que en el siglo XIX cambiamos la demonización por un proceso que se da debido al avance de la ciencia -muy veloz- con Darwin en un comienzo, pero luego con las ciencias duras como la química, la física y la fisiología. Todo ese conocimiento hace que se medicalice aquello que anteriormente era un asunto moral y de ahí la homosexualidad trata de ser analizada desde un punto de vista médico. Pero el avance de la medicina y de las ciencias siguió y, hoy en día, por ejemplo en materia de reproducción o en materia de funcionamiento neurofisiológico, que nos explica cómo surge cualquier tipo de orientación y cómo funciona el pensamiento, ha hecho que lo que últimamente se sostiene no tiene nada que ver con ese referente masculino y femenino que es un residuo que queda de teoría, sobre todo psicoanalítica. Esto es algo que empieza con Freud, pero luego se cambia por otros estudios y el progreso de la ciencia. No hay que olvidarse que ciencias que componen la teoría de la comunicación, como las matemáticas de estructuras complejas, no lineales, no solo estudian las partículas elementales, sino el funcionamiento del cerebro. Estamos hablando de que en el año 1985 comprobaron el funcionamiento aleatorio del cerebro; por lo tanto, lo que el ser humano hace es emergente del funcionamiento cerebral, no es genético. Nosotros no tenemos, como los restantes animales y vegetales, el manejo de la información a través de los genes y no la guardamos a través de los genes, sino que la tenemos que manejar y guardar en estructuras completamente diferentes a esas. Siempre estamos tomando decisiones. Cuando se legisla, los señores Diputados las están tomando en función de lo que las demás personas piensan y de lo que ellos creen. Quiere decir que en este momento no hay nada natural en el ser humano. Es un salto en la evolución que ha traído como consecuencia que debamos admitir que siempre tenemos que tratar de conciliar las creencias que nosotros tenemos y las creencias que tienen los demás. Esto hace muy difícil cualquier situación en la cual haya que legislar, dado que, en base a esa teoría, no hay dos personas que puedan estar de acuerdo con el mismo hecho.

Finalmente, debo decir que todo esto es aplicable al pensamiento y, por lo tanto, al aprendizaje, a la educación, a través del conocimiento más cabal de la subjetividad de las personas -aquí está lo importante, ya que todo lo que se habló hoy se refiere a ese hecho; no existe la objetividad, sino la subjetividad- y de cómo se producen los hechos individuales y sociales. Esto, encarado de esta forma, permite un mejor entendimiento de los preconceptos, de los prejuicios y de las creencias y mitos como componentes de funcionamiento social. No es que abandonemos esto, porque forma parte de la propia estructura social. Funcionamos en base a eso, a creencias y a mitos, pero tenemos que saber que funcionamos de esa forma para no autoengañarnos en cuanto a que lo que nosotros estamos pensando y decimos es nuestra verdad.

Todo esto nos pone en mejores condiciones de estar más adecuados a la realidad y a las necesidades humanas. El mismo concepto ecológico de la diversidad que rige la ecología a nivel mundial está en la sociedad y en el individuo, en donde la diversidad -incluida la sexual- es el motor evolutivo del ser humano que ventajosamente frente a la especiación darwiniana tiene en sus manos su propia evolución. O sea, tenemos el destino en nuestras manos. Podemos salir adelante o desaparecer como especie.

SEÑORA MINES.- Dada la escasez de tiempo, en primer lugar, voy a hacer algunas observaciones puntuales que han surgido de nuestro análisis del texto del proyecto de ley propuesto, para el que contamos con el asesoramiento de algunos profesionales que hemos llamado para este caso y, en segundo término, quiero hacer algunos agregados a nivel conceptual.

En cuanto al artículo 1° -con respecto al cual el señor Frontán adelantó que tenemos una actitud favorable porque expresamente establece que las parejas del mismo sexo están incluidas-, un profesional nos hizo notar que sería bueno que la expresión «proyecto de vida común» fuera sustituida por «proyecto de vida en común», en el sentido de que lo que une a una pareja no es el hecho de hacer la misma cosa, sino que se propongan compartir su vida. La expresión «proyecto de vida común» podría sugerir que solo son pareja si están haciendo lo mismo.

Con respecto al resto del proyecto, como dijo el señor Frontán, tenemos varias discrepancias en el sentido de que, obviamente, somos parte involucrada. Sabemos el tipo de realidad en la que muchas veces nos embarcamos y los grupos de familia que construimos -los que, además, son diferentes entre sí-, y ya que se legisla en esta materia, nos gustaría que esas situaciones fueran contempladas. Entendemos que políticamente debe haber un balance de fuerzas. Eso es algo que les compete a los legisladores desde cada una de sus posturas, pero nosotras y nosotros, que necesitamos la resolución de nuestros problemas, tenemos posturas muy definidas con respecto a estos temas.

Desde el momento en que en la mayoría de los demás artículos -no solo en el referido a la adopción de hijos- se insinúa o se sobreentiende la pareja como de diferente sexo, estaríamos bastante dejados de lado en el sentido de la línea sucesoria, del respaldo en caso de fallecimiento o separación y, por supuesto, en el caso de los hijos.

Con respecto a la manutención o ayuda financiera que debería dejar uno de los concubinos o concubinas en caso de separación, no entendemos muy claramente por qué se establece esto. Digo esto porque este es un concepto nuevo que ni siquiera está incluido en la legislación que refiere al matrimonio en el sentido de que no habiendo hijos en un matrimonio, en caso de separación, la entrega de una pensión al otro cónyuge solamente se aplica en el caso de que quede en la indigencia o no pueda mantener un nivel de vida coherente con el que llevaba anteriormente. Sin embargo, en este caso, se introduce la entrega por parte de uno de los concubinos de una manutención, además, por el mismo plazo por el cual ha convivido, lo que en algunos casos podría ser prácticamente de por vida o, por lo menos, muy largo.

Otra discrepancia que tenemos es que no se consideran los años de convivencia previos a la inscripción en el registro que este proyecto prevé. Nosotros queremos que sean contemplados porque si bien no ha existido legislación en esta materia durante mucho tiempo, conocemos concubinos y concubinas homosexuales que tienen veinte, treinta o cuarenta años de convivencia, los que, a los efectos de este proyecto de ley, quedarían reducidos a la nada.

Por supuesto, el punto más álgido es el que refiere a la adopción de niños. Sobre esto ya han dicho mucho las personas que me precedieron en el uso de la palabra. Ya el doctor Olivera y el señor Frontán hablaron del imaginario, de los fantasmas que para muchos implica el relacionamiento de personas gays o lesbianas con la crianza de niños. Es como si se creyera que se puede obligar a una persona a tener relaciones con otra del mismo sexo, o inducirla a que las tenga, cuando, en realidad, si esto sucediera en condiciones muy extremas como, por ejemplo, en la cárcel, lo que no se puede nunca es obligar a la persona a que lo desee. Se puede imponer; puede ser una violación, como cualquier otra violación heterosexual, pero no se puede inducir a nadie a que desee a alguien del mismo o diferente sexo. De hecho, el señor Frontán hace poco decía en un programa de televisión que compartimos: «No pudieron ni siquiera mis padres inducirme a que fuera heterosexual, y se esmeraron bastante». Nosotras y nosotros que en la mayoría de los casos provenimos de familias heterosexuales y que, además, venimos de un entorno social y cultural en el que la heterosexualidad es promovida activamente, sin embargo, hemos sabido defender nuestra identidad. Mucho más la va a defender una criatura que además de vivir con sus padres, ya sean gays, lesbianas o transexuales, también va a la escuela, mira televisión, se conecta a Internet y tiene contacto con la cultura que lo rodea.

Entre las opiniones que vertió aquí la doctora Mabel Rivero, hizo alusión al riesgo que podía implicar -según ella- la convivencia de niño con dos personas de esta condición. Decía que tal vez podría vivir con una, porque conoce excepciones. Nos dolió mucho que una persona de la categoría académica de la doctora Rivero, catedrática Grado 5, hablara con tanta ligereza de excepciones, ya que ni siquiera se conocen los números y mucho menos la forma de vida que mantiene la comunidad gay lésbica. ¿Excepciones sobre qué total? ¿Cuántos casos conoce la doctora Rivero o podemos conocer nosotros mismos? ¿Cuántos casos se pueden tener en cuenta y pueden permitir una generalización como la que hizo ella en base a lo que llega a los Juzgados, que supongo que debe ser lo que conoce? Si los legisladores aplicaran al resto de la sociedad la experiencia que proviene de los Juzgados en cuanto a situaciones de familia en familias heterosexuales, probablemente tendrían que decretar la disolución de la familia heterosexual. De manera que no podemos incurrir en ese tipo de generalización desde un punto de vista ético.

Quiero recordar, además, sobre el caso específico de la actuación de la doctora Rivero, algo que ella no mencionó aquí, pero sí escuchamos en un encuentro que se realizó hace alrededor de cuatro años -si mal no recuerdo- con una jurista argentina, quien visitó nuestro país como parte de la promoción de un congreso internacional de derecho de familia llevado a cabo en Argentina. En ese momento, la doctora Rivero recordó un fallo que había emitido, siendo Jueza. Lo contó con mucho orgullo. Yo quiero reproducirlo aquí para que vean cómo a veces la soberbia, la convicción totalmente desprovista de fundamento científico, como decía el doctor Olivera, pueden llevar a crueldades inimaginables, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un Estado democrático, porque estas cosas sucedieron durante el período de la dictadura. La doctora Rivero contó que había quitado su hijo a una mujer lesbiana y lo había entregado en adopción. Decía que si bien estaba muy impresionada de cuánto cuidaba esa mujer al niño durante el tiempo que lo amamantó -le permitió hacerlo-, en el fondo, primó lo que ella creía era el bien del menor: era más importante que ese niño creciera con un padre y una madre, por lo cual se lo sustrajo y lo entregó en adopción. Salvando las diferencias ideológicas obvias -que las hay-, me pregunto qué diferencia hay entre ese niño y Simón Riquelo. Se trata de un niño que desarrolló un vínculo indisoluble, sobre todo después del amamantamiento, y que fue sustraído de su madre y dado en adopción -con todas las complicaciones que en nuestra cultura significa la adopción-, en función de lo que una Jueza recogía del imaginario popular, que es el prejuicio. Pero creemos que en el caso de alguien con ese nivel académico esto debería, por lo menos, moderarse a través de la lectura y de la información acerca de los cambios culturales que se están produciendo en el mundo. En otra época los académicos podrían aducir que no había bibliografía suficiente para modificar algunas opiniones. Hoy en día, cualquier persona que se siente frente a un monitor, entre Internet y escriba «adopción gay o lesbiana», se encuentra con una avalancha de información que le puede llevar meses procesar. Probablemente, cuando termine de procesarla encuentre otra tanda similar, porque en todo el mundo se están realizando investigaciones en todos los ámbitos que pudieran tener algo que ver con estos temas. Desconocer hoy esa información significa una omisión muy importante.

Quiero terminar con la lectura de un resumen. Confieso que cuando tomé conocimiento de las declaraciones de la doctora Rivero empecé a desencantarme de los Jueces en su conjunto, aunque también debo reconocer que con las actuaciones del Juez Recarey, hace muy poco, me volvieron las esperanzas al cuerpo. De todos modos, revisando Internet encontré algo que creo que será muy importante. No solo voy a dejarles lo que voy a leer, sino el total de la ponencia, que originalmente estaba en inglés. Hice una traducción libre y voluntaria de algunos párrafos, que me pareció que venían muy al caso. Quiero leerlos porque entiendo que tienen muchísimo que ver con lo que ustedes están analizando, porque es una opinión autorizada y porque involucra también la reforma de una legislación que en ese momento se estaba realizando.

Se trata de una ponencia leída por el Honorable Alastair Nicholson -Juez Supremo de la Corte de Familia de Australia; una de las figuras más autorizadas en ese país continente- en un seminario realizado en el año 1996, precisamente, sobre las nuevas familias y la legislación. Extraje solo los párrafos que me parecieron importantes.

Dice el Juez Alastair Nicholson en una parte de su ponencia: «Una de las ideas políticamente más poderosas pero totalmente falsas es la de que el reconocimiento de las relaciones lesbianas y gays estimularán de alguna manera a quienes podrían haber sido heterosexuales a optar, en lugar de eso, por las relaciones con el mismo sexo. Desde el momento en que la sexualidad es una característica humana fluida, me resulta absurdo imaginar que la obtención de una número limitado de protecciones legales pudiera inducir a alguien a reorientar su sexualidad». Atiendan bien lo que sigue: «Creo que los políticos se lo toman demasiado en serio si realmente creen que cualquier legislación que aprueben tendrá algún tipo de efecto, en uno u otro sentido, sobre este asunto. Lo único que podrá hacer esa legislación, y es razón suficiente para justificarla, es asegurar a aquellas personas cuya orientación sexual es hacia las personas de su mismo sexo, que serán tratadas en forma equitativa con el resto de la comunidad desde el punto de vista legal».

Es muy claro lo que dice el Juez Nicholson. El hecho de que se legisle a favor de que las parejas del mismo sexo estén incluidas en todo el articulado, inclusive en el que refiere a la adopción de niños, no hará que los niños sean más homosexuales. Que no lo incluyan no evitará que haya niños homosexuales. La única diferencia que puede existir a partir de que las incluyan es que las personas que ya tienen situaciones de vida de ese tipo vean respetados sus derechos y, según el Juez Nicholson, eso ya es razón suficiente para aprobar esa legislación.

Más adelante dice: «Continuar ignorando los derechos de los individuos y sus relaciones con personas del mismo sexo es una victoria pírrica de la que ningún gobierno debería sentirse orgulloso. Denegar a alguien el derecho a ser reconocido como parte comprometida en una relación, basándose simplemente en el género de las partes, no se diferencia en nada del ‘apartheid'».

Al escribir acerca de la resistencia contra las relaciones del mismo sexo en la sociedad norteamericana, la Dra. Herma Hill Kay, profesora de Derecho de la Universidad de California en Berkeley hacía una observación que puede aplicarse aquí: «Así como la existencia de familias interraciales desafió en otro tiempo la legitimidad de la supremacía blanca y fortaleció el tejido social en los Estados Unidos, de la misma forma el ejemplo contemporáneo de familias estables del mismo sexo está conduciendo últimamente a una vida social y cultural más rica y más diversa».

Continúa el Juez Nicholson: «Hay una concepción subyacente de que la noción legal de ‘familia’ debe definirse en referencia a las funciones de esta unidad social. En este sentido, se eleva la procreación y la crianza de los hijos al nivel de definición misma de ‘familia’, considerándose la aceptación y el apoyo social y legal de las familias heterosexuales de hecho» -es decir, los concubinatos- «como una concesión ‘a una realidad social por la que un número creciente de personas opta por no contraer matrimonio legal’. El concepto de ‘matrimonio’ arrastra significados poderosamente vinculados con la tradición, la historia y la religión; mucho más aún que el concepto de ‘familia’. La ley de matrimonio en sí misma desciende directamente de conceptos provenientes originalmente de la antigua Iglesia Católica.- Sea como sea, la sociedad siempre tendrá, y a mi entender debe tener, interés en reconocer y proteger la familia, porque es el espacio natural en que los niños pueden nutrirse y desarrollarse. Pero esta visión no puede justificar ni conducir lógicamente a la negación del reconocimiento y la protección para aquellas relaciones que no tienen la crianza de hijos como su razón de ser. Y esas relaciones no son exclusivamente relaciones del mismo sexo. A mi juicio, no es la procreación la que define una relación de familia, sino el compromiso y la interdependencia económica y emocional de los miembros de la familia. Segregar a las familias con estas características solo porque difieren de la forma ‘tradicional’ es tan innecesario como contraproductivo, y evoca el chauvinismo legal y social, hoy superado aunque no totalmente, que marcó a los llamados ‘hijos ilegítimos’.- Entre los errores que abundan en torno a este tema, está la incapacidad para entender que la familia heterosexual no gana en estatura ni en seguridad ni en respeto al denigrar o negar reconocimiento a las familias del mismo sexo. Por el contrario, el capital social se reduce, porque cuando una comunidad se niega a reconocer y proteger los compromisos genuinos de todos sus miembros atenta contra los intereses de todos.- Como lo dijo elegantemente la Jueza L’Heureux-Dube: ‘Es posible estar a favor de la familia sin desconocer las formas menos tradicionales de familia. Apoyar la protección a las familias no tradicionales no es estar en contra de la familia. La familia tradicional no es la única forma de familia. Las formas de familia no tradicionales pueden igualmente encarnar verdaderos valores de familia.- Aquellos que exageran las diferencias entre familias del mismo sexo y familias heterosexuales condenan inconsciente o deliberadamente las relaciones de gays y lesbianas como diferentes y foráneas. Esta actitud es, lisa y llanamente, intolerable. La investigación en las Ciencias Sociales y la experiencia común nos enseñan de manera consistente que la diversidad es la norma’. Es precisamente esta diversidad de individuos, familias y circunstancias lo que se presenta como material diario en el derecho de familia. La orientación sexual no constituye un motivo para presumir la calidad de la relación de un individuo o la capacidad de una persona para ser padre o madre.- Espero que este seminario» -dice el Juez Nicholson- «ayude a cambiar las cosas. Espero que proporcione a los legisladores de este Estado el ímpetu necesario para cuestionarse sus resistencias a reformar la ley. Pero más que nada, espero que este seminario ayude a repensar su humanidad y a preguntarse cómo se puede sentir alguien a quien se le niega un aspecto esencial de su humanidad, con argumentos que anidan en el miedo irracional y en el prejuicio. Deseo un reconocimiento y respeto por los derechos humanos, por los derechos de los niños y leyes que aseguren un trato equitativo y justo. Como Juez, esas son las estrellas que me guían y espero que ayuden a los legisladores a navegar hacia ese futuro para las mujeres lesbianas, los hombres gays y sus familias.

Quisiera cerrar con esto, sobre todo, en un día como hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias Diana, muchas gracias a todos por los elementos que nos dejan que van a quedar en la versión taquigráfica para los legisladores que no se encuentran presentes. Realmente, necesitábamos estos testimonios que agradecemos muchísimo.

 

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA APROBADO POR LA COMISION DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (URUGUAY)

CAPITULO I

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 1°.- El Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana. A esos efectos se promoverán políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva, a la defensa y promoción de los derechos sexuales y a la disminución de la morbimortalidad materna.

Dichas políticas buscarán alentar la responsabilidad en el comportamiento sexual y reproductivo, a los efectos de un mayor involucramiento en la planificación de la familia.

Artículo 2°.- El Ministerio de Salud Pública deberá incluir en su presupuesto un programa con los siguientes objetivos:

A. Planficar y hacer ejecutar políticas en materia de educación sexual que propendan al ejercicio armónico de la sexualidad y a la prevención de los riesgos.

B. Planficar y hacer ejecutar políticas en materia de planificación familiar.

C. El cumplimiento de los objetivos mencionados involucrará a todo el personal de la salud, ampliando y mejorando su capacitación en la esfera de la salud sexual y reproductiva y de la planificación de la familia, incluyendo la capacitación en orientación y comunicación interpersonal.

D. Instrumentar medidas que tiendan a la disminución de la morbimortalidad derivada de las interrupción de embarazos practicada en situación de riesgo.

E. Permitir que la mujer ejerza el derecho a controlar su propia fecundidad y a adoptar decisiones relativas a reproducción sin coerción, discriminación ni violencia.

Articulo 3º.- El Ministerio de Salud Pública en cumplimiento de los objetivos encomendados en el artículo precedente coordinará acciones con los organismos del Estado que considere pertinentes.

CAPITULO II

CIRCUNSTANCIAS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Artículo 4°.- Toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez, en las condiciones que establece la presente ley.

Artículo 5°.- Para ejercer el derecho acordado por el artículo anterior, bastará que la mujer alegue ante el médico, circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción; situaciones de penuria económica; sociales; familiares o etáreas, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso.

El médico deberá:

A) Informar a la mujer de las posibilidades de adopción y de los programas disponibles de apoyo económico y médico, a la maternidad.

B) Brindar información y apoyo a la mujer pre y post intervención, relativa a la interrupción voluntaria del embarazo.

Artículo 6º.- El médico que realice la interrupción de la gravidez dentro del plazo y en las condiciones de la presente ley, deberá dejar constancia en la historia clínica, que se informó a la mujer en cumplimiento en lo establecido en el inciso 2º del artículo 5º.

Asimismo deberá recoger la voluntad de la mujer, avalada con su firma, de interrumpir el proceso de la gravidez, que quedará adjunta a la historia clínica de la misma, con lo cual su consentimiento se considerará válidamente expresado.

Artículo 7º.- Fuera de lo establecido en el artículo 4º la interrupción de un embarazo sólo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer, o cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.

El médico dejará constancia por escrito en la historia clínica, de las circunstancias precedentemente mencionadas. En todos los casos someterá tal decisión a consideración de la mujer siempre que sea posible.

En todos los casos se deberá tratar de salvar la vida del feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer.

CAPITULO III

CONSENTIMIENTOS ESPECIALES

Artículo 8º.- En los casos de mujeres menores de dieciocho años no habilitadas, el médico tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción, el que estará integrado por la voluntad de la menor y el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales o, en su ausencia o inexistencia, su guardador de hecho.

Artículo 9º.- Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el asentimiento de quien debe prestarlo, habrá recurso ante los Jueces Letrados de Familia en Montevideo o los Jueces Letrados de Primera Instancia en el interior del país, para que declaren irracional el disenso o brinden el asentimiento.

La menor comparecerá directamente con la mera asistencia letrada. El procedimiento será verbal y el Juez previa audiencia con la menor, resolverá en el plazo máximo de cinco días contados a partir del momento de su presentación ante la sede, habilitando horario inhábil si fuera menester.

Artículo 10.- En los casos de incapacidad declarada judicialmente, el asentimiento para la interrupción del embarazo lo prestará preceptivamente el titular de la sede judicial que decretó la interdicción, a solicitud del curador respectivo, rigiendo igual plazo del establecido en el artículo anterior.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 11.- Las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial. Todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento a sus beneficiarias, siendo efectuado en todos los casos por médico ginecotocólogo, en las hipótesis previstas en esta ley.

Será de responsabilidad de todas las instituciones señaladas en el inciso anterior, el establecer las condiciones técnico-profesionales y administrativas necesarias para posibilitar a las mujeres el acceso a dichas intervenciones en los plazos que establece la presente ley.

Artículo 12.- Aquellos médicos o miembros del equipo quirúrgico que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia la presente ley, podrán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenezcan dentro de los 30 días contados a partir de la promulgación de la misma. Quienes ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que comiencen a prestar servicios.

Los profesionales y técnicos que no hayan expresado objeción, no podrán negarse a efectuar las intervenciones.

Lo dispuesto en el presente artículo, no es de aplicación en los casos graves y urgentes en los cuales la intervención es indispensable.

Artículo 13.- El médico que intervenga en un aborto o sus complicaciones, deberá dar cuenta del hecho, sin revelación de nombres, al sistema estadístico del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 14.- Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley, las ciudadanas uruguayas naturales o legales y aquellas que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año.

CAPITULO V

DE LA MODIFICACION DEL DELITO DE ABORTO

Artículo 15.- Sustitúyese el Capítulo IV, Título XII, del Libro II del Código Penal, promulgado por Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933 y modificado por Ley Nº 9.763, de 24 de enero de 1938, por el siguiente:

«ARTICULO 325. (Delito de aborto).- El que causare la interrupción del proceso fisiológico de la gravidez, fuera de las circunstancias, plazos y condiciones establecidas en la ley, comete el delito de aborto y será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

ARTICULO 326. (Aborto sin consentimiento de la mujer).- De no existir el consentimiento de la mujer para la realización del aborto la pena será de dos a ocho años de penitenciaría.

ARTICULO 327. (Aborto con consentimiento de la mujer).- La mujer que causare o consintiere su propio aborto en las circunstancias, plazos y condiciones previstas por la ley, quedará exenta de pena.

ARTICULO 328. (Lesión o muerte de la mujer).- Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 325 sobreviniera a la mujer una lesión grave o gravísima, la pena será de tres a nueve años de penitenciaría, y si sobreviniere la muerte, la pena será de cuatro a doce años de penitenciaría.

Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 326 sobreviniere a la mujer una lesión grave o gravísima, será de tres a quince años de penitenciaría, y si sobreviniere la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría».

Artículo 16.- Sustituyese el artículo 2º de la Ley Nº 9.763, de 24 de enero de 1938, por el siguiente:
«Cuando se denunciare un delito de aborto, el Juez competente procederá en forma sumaria y verbal a la averiguación de los hechos, consignando el resultado en acta. Si de las indagaciones practicadas, se llegara a la conclusión de que no existe prueba o de que el hecho es lícito, mandará clausurar los procedimientos, observándose los trámites ordinarios.»

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17.- (Derogaciones).- Deróganse los artículos 2º, 3º, 4º y 5º la Ley Nº 9.763, de 24 de enero de 1938, y todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 18: (Reglamentación y Vigencia).- Atento a la responsabilidad cometida al Estado y a los efectos de garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente ley, la misma entrará en vigor a los treinta días de su promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará.

 

Ley Nº 17.514 – VIOLENCIA DOMÉSTICA

DECLÁRANSE DE INTERÉS GENERAL LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU PREVENCIÓN,

DETECCIÓN TEMPRANA, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

_____________________________________________

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Decláranse de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Artículo 2º.- Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho.

Artículo 3º.- Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito:

A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona.

B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.

C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.

D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.

CAPÍTULO II

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Artículo 4º.- Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella.

Artículo 5º.- Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes, asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.

A tal efecto, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la Fiscalía de Corte, determinarán, en su caso, el régimen de turnos para atender, en horas y días hábiles e inhábiles, todos los asuntos que requieran su intervención conforme a esta ley.

Artículo 6º.- Los Juzgados de Paz, en el interior de la República, cualquiera sea su categoría, tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente, necesariamente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos, a cuya resolución se estará.

Artículo 7º.- Toda actuación judicial en materia de violencia doméstica, preceptivamente, será notificada al Fiscal que corresponda, desde el inicio. El mismo deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de las víctimas de violencia doméstica.

CAPÍTULO III

LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE Y LLAMADO A TERCEROS A JUICIO

Artículo 8º.- Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá dar noticia al Juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.

El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá llamar a terceros al juicio.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 9º.- En toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

Artículo 10.- A esos efectos podrá adoptar las siguientes medidas, u otras análogas, para el cumplimiento de la finalidad cautelar:

1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes.

2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil.

3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.

4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.

5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus efectos.

6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima.

7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación.

8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas.

En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación.

Artículo 11.- En todos los casos, el Juez ordenará al Alguacil o a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento y convocará una audiencia, en un plazo no mayor de diez días de adoptada la medida, a los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, el Juez dispondrá la conducción del agresor.

Si las medidas dispuestas no se cumplen, el Juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21.3, 374.1, 374.2 y 374.4 del Código General del Proceso.

Una vez adoptada la medida cautelar y efectuada la audiencia referida, los autos deberán ser remitidos al Juzgado que venía conociendo en los procesos relativos a la familia involucrada.

Artículo 12.- Las medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el Juez disponga, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión, de su modificación o cese.

Artículo 13.- El procedimiento para la adopción de las medidas cautelares será el previsto por los artículos 313, 314 y 315 del Código General del Proceso. Siempre que se acredite que un derecho intrínseco al ser humano se vea vulnerado o amenazado, el Juez deberá, de inmediato, decretar las medidas cautelares que correspondan, en forma fundada. De igual manera, procederá cuando la audiencia previa del agresor pueda frustrar el buen fin de la medida.

Artículo 14.- En materia probatoria, serán de aplicación las disposiciones del Código General del Proceso, teniendo presente el objetivo y fin de esta ley y las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 15.- Una vez adoptadas las medidas cautelares establecidas en el artículo 10 de la presente ley, el Tribunal de oficio ordenará realizar un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados. El mismo será elaborado en forma interdisciplinaria y tendrá como objeto determinar los daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima, evaluar la situación de peligro o riesgo y el entorno social.

Este diagnóstico deberá estar a disposición del Tribunal al tiempo de celebración de la audiencia fijada en el artículo 11 de esta ley. Si por las características de la situación, se considerase necesaria la adopción de medidas o tratamientos médicos, psicológicos o de otra naturaleza respecto de alguno de los sujetos involucrados, el Tribunal podrá cometer su realización a alguna de las instituciones públicas o privadas idóneas en la materia.

Artículo 16.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, promoverá la formación de peritos en violencia doméstica, con capacidad de trabajo interdisciplinario, que se incorporará en la órbita del Instituto Técnico Forense.

La reglamentación correspondiente encomendará al Instituto Nacional de la Familia y la Mujer establecer los requisitos que deberán cumplir los interesados para acreditar su competencia pericial en el área de la violencia doméstica regulada por esta ley.

Artículo 17.- La Suprema Corte de Justicia incorporará esta categoría de profesionales al Registro Único de Peritos. Asimismo incorporará a este Registro a quienes acrediten ante el Ministerio de Educación y Cultura -que contará al efecto con la colaboración de la Universidad de la República o Universidades autorizadas- idoneidad notoria en la materia al tiempo de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 18.- En todos los casos el principio orientador será prevenir la victimización secundaria, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor en el caso de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

En el caso de la víctima adulta que requiera dicha confrontación y se certifique que está en condiciones de realizarla, ésta se podrá llevar a cabo. El Tribunal dispondrá la forma y los medios técnicos para recibir la declaración, haciendo aplicación de los principios de inmediación, concentración y contradicción.

Podrá en su caso, solicitar previamente al equipo interdisciplinario que informe si la víctima se encuentra en condiciones de ser interrogada en ese momento.

Artículo 19.- Las situaciones de violencia doméstica deben ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral a la dignidad humana.

Asimismo, se considerará especialmente que los hechos constitutivos de violencia doméstica a probar, constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad del hogar, cuyo conocimiento radica en el núcleo de personas afectadas por los actos de violencia.

CAPÍTULO V

ASISTENCIA LETRADA OBLIGATORIA

Artículo 20.- La Suprema Corte de Justicia deberá garantizar la asistencia letrada obligatoria a la víctima, para lo cual estará facultada a celebrar convenios con entidades públicas o privadas especializadas en la materia.

CAPÍTULO VI

COORDINACIÓN DE ACTUACIONES

Artículo 21.- Cuando intervenga un Juzgado con competencia en materia penal o un Juzgado con competencia en materia de menores en una situación de violencia doméstica, cualquiera sea la resolución que adopte, deberá remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada al Juez con competencia en materia de violencia doméstica.

Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con prisión, deberá comunicar la excarcelación o la concesión de salidas transitorias o cualquier forma de conclusión del proceso al Juzgado competente en materia de violencia doméstica, previo a su efectivización. También deberá ponerlo en conocimiento de la víctima en su domicilio real y de su letrado en el domicilio constituido, en este último caso si estuviere en conocimiento de la Sede, de la forma que entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección perseguida por esta ley.

Del mismo modo, los Juzgados con competencia de urgencia en materia de violencia doméstica, comunicarán los hechos con apariencia delictiva que hayan llegado a su conocimiento, dentro de las veinticuatro horas, al Juzgado Penal de Turno.

Igual obligación se dispone para los representantes del Ministerio Público entre sí.

CAPÍTULO VII

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA

Artículo 22.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y fomentar el apoyo integral a la víctima.

Artículo 23.- La rehabilitación y la reinserción social del agresor, deberán formar parte de una política que procure proteger a todas las personas relacionadas. La asistencia y el tratamiento deberán ser instrumentos de esta política.

Artículo 24.- Créase, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que se integrará con:

– Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que lo presidirá.

– Un representante del Ministerio del Interior.

– Un representante del Ministerio de Salud Pública.

– Un representante del Instituto Nacional del Menor (INAME).

– Un representante del Poder Judicial.

– Un representante de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

– Un representante del Congreso de Intendentes.

-Tres representantes de las organizaciones no gubernamentales de lucha contra la violencia doméstica.

Los representantes de los organismos públicos deberán ser de las más altas jerarquías.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán designados por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).

Artículo 25.- El Consejo podrá convocar en consulta a las sesiones a representantes de los Ministerios y organismos públicos, a personas públicas no estatales, de las organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas de lucha contra la violencia doméstica.

Artículo 26.- El Consejo, cuya competencia es nacional, tendrá los siguientes fines:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo, en la materia de su competencia.

2. Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

3. Diseñar y organizar planes de lucha contra la violencia doméstica.

4. Promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de lucha contra la violencia doméstica diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

5. Elaborar un informe anual acerca del cumplimiento de sus cometidos y sobre la situación nacional de violencia doméstica.

6. Ser oído preceptivamente en la elaboración de los informes que el Estado debe elevar en el marco de las Convenciones Internacionales vigentes, relacionadas con los temas de violencia doméstica a que refiere esta ley.

7. Opinar, a requerimiento expreso, en la elaboración de los proyectos de ley y programas que tengan relación con la violencia doméstica.

8. Colaborar con la Suprema Corte de Justicia en la implementación de la asistencia letrada establecida en el artículo 20 de la presente ley.

Artículo 27.- El Ministerio de Educación y Cultura proveerá la infraestructura para las reuniones del Consejo.

Artículo 28.- El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Artículo 29.- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de treinta días a partir de su instalación.

En un plazo no mayor a ciento veinte días a partir de su instalación, el Consejo elaborará y elevará a consideración del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, el primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, con un enfoque integral, orientado a la prevención, atención y rehabilitación de las personas involucradas, a efectos de lograr el uso más adecuado de los recursos existentes en beneficio de toda la sociedad. Dicho Plan Nacional propondrá acciones que procurarán el cumplimiento de los siguientes objetivos:

A) Tender al abatimiento de este tipo de violencia en todas sus manifestaciones, fomentando el irrestricto respeto a la dignidad humana, en cumplimiento de todas las normas nacionales vigentes, así como de los compromisos asumidos por el Estado al ratificar las Convenciones y Tratados de Derechos Humanos.

B) Proyectar mecanismos legales eficaces que atiendan al amparo a las víctimas de violencia doméstica, así como a la rehabilitación de los victimarios.

C) Favorecer la especialización de todas aquellas instituciones y operadores cuya intervención es necesaria para la prevención y erradicación de la violencia doméstica.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de junio de 2002.

GUILLERMO ÁLVAREZ,
Presidente.
Horacio D. Catalurda,
Secretario.

 

Ley Nº 17.515 – TRABAJO SEXUAL

SE DICTAN NORMAS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

_____________________________________________

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Es lícito el trabajo sexual realizado en las condiciones que fijan la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2º.- Son trabajadores sexuales todas las personas mayores de dieciocho años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie.

Se autorizará el ejercicio del trabajo sexual a aquellas personas que estén inscriptas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y posean el carné sanitario con los controles al día.

Artículo 3º.- Por el solo hecho de su actividad, no serán pasibles de detención por parte de la autoridad policial, las personas que ejerzan el trabajo sexual de acuerdo a las normas establecidas en la presente ley y demás disposiciones.

Artículo 4º.- Las tareas de prevención y represión de la explotación de las personas que ejerzan el trabajo sexual, así como el evitar perjuicio a terceros y preservar el orden público, serán competencia del Ministerio del Interior. Este deberá también prestar apoyo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública cuando así se le requiriere.

El Ministerio de Salud Pública controlará que se cumplan las disposiciones sanitarias a fin de promover y preservar la salud del trabajador sexual y de la comunidad.

A estos efectos, estos Ministerios tendrán la facultad de ingresar a todos los locales en que se ejerza el trabajo sexual, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.

En todos los casos el funcionario actuante, bajo su responsabilidad, deberá labrar un acta resumida donde se asentará:

A) Fecha y hora del ingreso.

B) Causa del ingreso.

C) Descripción de las actividades realizadas en el local.

D) Firma de las autoridades intervinientes y de quien esté a cargo del local intervenido o constancia de no querer firmar.

Quien o quienes actúen a nombre del local intervenido o cualquiera de sus trabajadores podrán estampar en el acta las observaciones que estimen pertinentes.

Artículo 5º.- Créase en la órbita del Ministerio de Salud Pública la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que se integrará de la siguiente manera:

– Un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá.

– Un delegado del Ministerio del Interior.

– Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

– Un delegado del Instituto Nacional del Menor (INAME).

– Un delegado del Congreso de Intendentes.

– Dos delegados de las Organizaciones No Gubernamentales que representen a los trabajadores sexuales, designados de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la presente ley.

Artículo 6º.- La Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual podrá comunicarse directamente con los Poderes Públicos y tendrá los siguientes cometidos:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo en esta materia.

B) Velar por el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.

C) Brindar asesoramiento a los trabajadores sexuales sobre sus derechos y deberes, apoyándolos en cualquier acción legal que tienda a protegerlos contra cualquier forma de explotación.

D) Promover cursos de educación sexual y sanitaria entre los trabajadores sexuales. Colaborar en las campañas que, utilizando los medios de comunicación de masas y otros modos de difusión, realicen las autoridades competentes sobre el tema.

E) Proponer su propio reglamento de funcionamiento.

CAPITULO II

DEL REGISTRO NACIONAL DEL TRABAJO SEXUAL

Artículo 7º.- El Registro Nacional del Trabajo Sexual expedirá a cada trabajador sexual un carné, el que le habilitará para el ejercicio del trabajo sexual en todo el país.

Dicho carné deberá necesariamente contener:

A) Nombre, apellido y fecha de nacimiento del titular.

B) Fotografía.

C) Número de cédula de identidad.

D) Seudónimo si lo tuviera.

E) El número de registro.

F) Constancia de haber obtenido el carné de salud habilitante.

Este documento tendrá una validez de tres años, vencidos los cuales deberá ser renovado.

Artículo 8º.- La inscripción en el Registro Nacional del Trabajo Sexual podrá ser voluntaria o de oficio.

Será voluntaria cuando la persona se presente directamente a las autoridades competentes para su inscripción y cumpla con los requisitos para ello exigidos.

Será de oficio cuando la persona ejerza el trabajo sexual sin estar inscripto.

Artículo 9º.- El Registro Nacional del Trabajo Sexual será llevado simultáneamente por los Ministerios de Salud Pública y del Interior.

La reglamentación del Poder Ejecutivo asegurará la permanente disponibilidad de la información registrada, para ambos Ministerios.

No podrá autorizarse la inscripción si no se dispone del certificado de salud que habilite para el trabajo sexual.

Artículo 10.- No se efectuará la inscripción de aquella persona que fuera sorprendida ejerciendo el trabajo sexual en forma no reglamentaria y que declare no reincidir en dicha actividad, bajo apercibimiento de que, en caso de reincidencia comprobada, será inscripta sin más trámite en el Registro respectivo. Asimismo, se le notificará las eventuales sanciones si no se cumpliese con lo establecido en los artículos 17 y 31 de la presente ley.

Todo trabajador sexual tiene derecho a obtener la baja del Registro. Para ello deberá presentarse ante la autoridad competente y solicitarla.

Será eliminada de oficio del Registro toda persona que hubiere ejercido el trabajo sexual y que durante un año no documentare su concurrencia a control sanitario. Se citará personal y reservadamente al interesado para notificarle el acto administrativo dictado por la autoridad pública, informándole lo dispuesto por el presente artículo y por los artículos 11 y 32 de la presente ley.

Artículo 11.- Quien haya sido dado de baja del Registro Nacional del Trabajo Sexual a solicitud de parte o de oficio, podrá reinscribirse, debiendo para ello cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 12.- El hecho de estar inscripto en el Registro que se crea no será causal de impedimento para otorgar certificados de buena conducta a quienes ejerzan el trabajo sexual.

Artículo 13.- Los datos e informaciones contenidos en el Registro Nacional del Trabajo Sexual son de carácter reservado. Sólo podrán ser utilizados con fines sanitarios o policiales por organismos encargados de hacer efectivo el cumplimiento de la presente ley, a solicitud de la justicia competente o del Ministerio de Salud Pública a través de cualquiera de sus dependencias o de la propia persona interesada con respecto a la información que sobre sí esté registrada.

CAPITULO III

Sección I

De las pautas sanitarias, control y cumplimiento

Artículo 14.- Todo trabajador sexual deberá someterse a controles sanitarios que incluyan examen clínico y paraclínico de acuerdo a las pautas previstas por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 15.- La atención a las personas que ejerzan el trabajo sexual comprenderá, asimismo, los aspectos de educación y promoción de salud, con énfasis en la profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual.

Artículo 16.- En cada una de las capitales departamentales existirá, a disposición de los trabajadores sexuales y de quienes soliciten información, un equipo mínimo interdisciplinario formado por médico, nurso o nurse o auxiliar de enfermería y asistente social.

Artículo 17.- El Ministerio de Salud Pública expedirá en forma gratuita a los trabajadores sexuales un carné sanitario que acreditará el adecuado control de su estado de salud.

El que ejerciere esta actividad sin el carné sanitario vigente incurrirá en las infracciones previstas en el artículo 31 de la presente ley.

CAPITULO IV

DE LAS ZONAS, LUGARES Y COMPORTAMIENTOS

Artículo 18.- Se autorizará la oferta de trabajo sexual en zonas especialmente determinadas, así como en prostíbulos, whiskerías, bares de camareras, o similares que hayan obtenido la habilitación correspondiente.

Sección I

De las zonas y comportamientos

Artículo 19.- En cada departamento del país la Intendencia Municipal, en coordinación con las autoridades sanitaria y policial, previa consulta (sin carácter vinculante) a la organización de trabajadores sexuales del departamento si existiese, establecerá zonas en donde se podrá ofrecer el trabajo sexual. Las zonas estarán perfectamente delimitadas en cuanto a áreas geográficas y horarios, teniendo en cuenta el número de trabajadores sexuales.

Artículo 20.- No podrán habilitarse zonas donde existan institutos de enseñanza. Al respecto deberán tomarse en cuenta los antecedentes que brinde la autoridad policial, considerando también los cambios edilicios de la ciudad.

Artículo 21.- La reglamentación deberá prever en forma precisa el horario, la vestimenta, como así también el comportamiento del trabajador sexual, de modo que no afecte la sensibilidad de las familias de la vecindad ni resulte lesivo para niños o adolescentes.

Asimismo, se atenderán las realidades y formas de convivencia de cada localidad.

Sección II

De los prostíbulos y casas de masajes

Artículo 22.- A efectos de la presente ley se considerará prostíbulo todo local donde se brinde servicio de trabajo sexual, cualquiera sea la denominación comercial o pública con que se den a conocer los mismos.

Artículo 23.- Las casas de masajes con fines terapéuticos serán habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. En un plazo no mayor de noventa días de promulgada la presente ley, dictará el reglamento que deberán cumplir. Será requisito necesario la disposición de normas sobre el cuerpo profesional, el programa terapéutico que desarrollan y la prohibición de todo tipo de trabajo sexual en el local.

El Ministerio de Salud Pública estará facultado para inspeccionar dichos locales a efectos de constatar el cumplimiento de la reglamentación

Artículo 24.- Ningún local donde se ejerza el trabajo sexual podrá funcionar sin la autorización de la Jefatura de Policía correspondiente.

Para obtener la autorización el establecimiento deberá exhibir y acreditar estar habilitado por la Intendencia Municipal correspondiente y controlado por el Ministerio de Salud Pública, conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 25.- La habilitación de un prostíbulo sólo se concederá a la persona física que se presente por escrito, la que será responsable ante la autoridad competente por cualquier incumplimiento de las normas dentro del establecimiento.

Se concederá la habilitación, previa declaración del lugar donde se ubicará el establecimiento, siempre que no existan impedimentos establecidos por la presente ley o por el Decreto 422/980,de 29 de julio de 1980.

El cambio de local se autorizará previa notificación a la autoridad policial y siguiendo los mismos trámites reglados por el artículo 24 de la presente ley.

Artículo 26.- Los prostíbulos podrán distinguirse de las demás fincas por medio de señales o carteles que no sean lesivos a la moral o el orden público.

No se podrá emplear a menores de dieciocho años como mensajeros, domésticos, vendedores o similares y se deberá cumplir con las normas de seguridad social vigentes.

Quedan prohibidos los juegos de azar y todo tipo de diversión ruidosa.

Sección III

De las whiskerías

Artículo 27.- Están sujetos a las disposiciones de la presente ley aquellos establecimientos que, bajo la denominación accidental de whiskerías, bares de camareras o similares, reciban a personas que oferten o ejerzan el trabajo sexual en sus instalaciones.

Artículo 28.- Para su instalación y funcionamiento deberán contar con la habilitación municipal correspondiente, así como con la que otorgará la Jefatura de Policía departamental.

Artículo 29.- Los citados locales deberán ajustarse a las disposiciones legales vigentes en materia municipal, laboral, del Ministerio de Salud Pública y las que la presente ley o la reglamentación determinen.

Artículo 30.- No podrán aceptarse como artistas, visitantes o empleados, a personas menores de dieciocho años.

CAPITULO V

INFRACCIONES, MULTAS Y PENAS ALTERNATIVAS

Artículo 31.- La violación de cualquiera de las disposiciones de la presente ley por parte de trabajadores sexuales o de los propietarios de los establecimientos comerciales habilitados para el ejercicio del trabajo sexual, será castigada con multa de 5 UR (cinco unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables), sin perjuicio de la configuración de otros hechos delictivos.

Lo recaudado por este rubro será destinado a fondos de la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual creada por el artículo 5º de la presente ley.

Artículo 32.- Serán competentes para conocer en la aplicación de las disposiciones de la presente ley, el Tribunal de Faltas en Montevideo y los Juzgados de Paz Departamentales en el interior del país.

Artículo 33.- El Juez o Tribunal competente podrá determinar la sustitución de la multa o prisión impuesta por la sentencia por trabajo comunitario equivalente teniendo en cuenta los objetivos de la presente ley.

Artículo 34.- Según las circunstancias del caso, podrá presumirse incursa en el delito previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, toda persona que explotare una finca para el ejercicio del trabajo sexual, percibiendo por esto un precio que le provea a ella o a un tercero un beneficio excesivo.

Artículo 35.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa días a partir de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Asamblea General, en Montevideo, a 13 de junio de 2002.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente.

Horacio D. Catalurda,
Mario Farachio,
Secretarios.